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LexfarmaSin categoríaImpuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisión de Oficina de Farmacia: Nuevo enfoque jurisprudencial

24 junio 20210
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Ante la pregunta de si la transmisión de una oficina de farmacia ha de devengar el gravamen del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o no y si, la misma, ha de ser inscribible en el Registro de Bienes Muebles como establecimiento mercantil o no, el Tribunal Supremo ha dictado recientemente, a través de dos novedosas Sentencias, con fechas de 26 de noviembre de 2020 , con número de resolución 1607/2020 y 1608/2020, respectivamente, nueva jurisprudencia al respecto, cambiando y modificando el criterio, relativamente pacífico, que existía en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas de nuestro país, y que constituía, hasta ahora, el criterio de no sujeción al impuesto en su modalidad Actos Jurídicos Documentados, cuando nos encontrábamos ante operaciones de compraventa de Oficinas de Farmacia.

Los antecedentes de hecho que dan lugar a los recursos de casación planteados, parten de la formalización en escritura de compraventa de una autorización de Oficina de Farmacia, y una posterior liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en concepto de AJD) por parte de la Dirección General de Tributos de la Comunidad de Madrid, que entiende que el acto formalizado está sujeto a gravamen. En contra, la parte compradora, considera que la inscripción de la Oficina de Farmacia en el Registro de Bienes Muebles carece de efectos, siendo éste el fundamento de exigencia del impuesto.

La cuestión suscitada, y que el Tribunal Supremo considera de interés casacional es la siguiente:

“determinar si la primera copia de una escritura notarial en la que se documenta la cesión o transmisión de una oficina de farmacia es un acto sujeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.2 TRLITPAJD, al impuesto sobre actos jurídicos documentados, al ser inscribible tal título en el Registro de Bienes Muebles creado en la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación».

No es objeto de controversia, y así lo recoge la Sentencia 1608/2020 del TS en su fundamento de derecho segundo, que para que la operación examinada pueda ser gravada por el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados deben cumplirse los siguientes requisitos:

“(1º) que se trate de primeras copias de escrituras y actas notariales;

(2º) que tengan por objeto cantidad o cosa valuable;

(3º) que contengan actos o contratos inscribibles en los Registros de la Propiedad Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles; y

(4º) que no queden sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o a los conceptos comprendidos en los números 1 y 2 del artículo 1 de la LITPAJD”.

La discrepancia surgida, según nuestro Alto Tribunal, que acaba estimando las pretensiones de la Administración, radica en si la Oficina de Farmacia se considera un establecimiento mercantil con acceso al Registro de Bienes Muebles o no; respondiendo a la el Tribunal Supremo con los siguientes argumentos:

1) En primer lugar, el Tribunal Supremo señala que “la transmisión de la oficina de farmacia podría encajar en la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación, concretamente, en su núm. 1, Sección 5ª («Sección de otros bienes muebles registrables»)”.

2) En segundo lugar, apunta que “no hay ninguna otra norma que impida la inscripción de dicha operación en el Registro de Bienes Muebles, con independencia de cuál sea la eficacia o efectos que se otorgue a la misma”.

3) En tercer lugar, se señala que “incluso hay Comunidades Autónomas que obligan a esa inscripción”.

4) En cuarto y último lugar, nuestro Alto Tribunal alude a su propia doctrina anterior sobre el requisito de inscribilidad a propósito del gravamen del impuesto de AJD apuntando que: “inscribilidad debe entenderse como acceso a los Registros, en el sentido de que basta con que el documento sea susceptible de inscripción, siendo indiferente el que la inscripción efectiva no llegue a producirse, o que la inscripción sea obligatoria o voluntaria, incluso que la inscripción haya sido denegada por el registrador por defectos formales”.

Es curioso el hecho de que en la propia sentencia 1608/2020 del Tribunal Supremo se recogen otras en las que se acredita que la inscripción en tal registro es un acto carente de consecuencias, una inscripción considerada, por tanto, estéril puesto que ni siquiera serviría para generar efectos frente a terceros (como sí ocurre con el Registro de la Propiedad, por ejemplo). Cabría pensar que, si la inscripción es considerada por tales sentencias inútil, este planteamiento equivaldría a que no existe propiamente una inscripción, cuestión que las nuevas sentencias del Tribunal Supremo comentadas antes consideran que sí.

Por otra parte, la aplicación del impuesto de AJD depende de cada Comunidad Autónoma, pero es posible, que las propias consejerías de hacienda revisen las operaciones y exijan el impuesto a los compradores.

Por todo ello, el criterio que modifica y cambia el panorama jurídico a este respecto, supone una nueva carga tributaria, pues nos encontramos con unas sentencias estimatorias con la argumentación mantenida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, y, por tanto, favorable a la misma, pero que extienden sus efectos a todo el territorio español, por lo que se impone el gravamen de AJD , así como la inscripción en el Registro de Bienes Inmuebles a estos efectos, a todas aquellas operaciones de transmisión de Oficinas de Farmacia en la actualidad.

Por lo tanto, si ha adquirido una oficina de farmacia en los últimos años, o lo va a hacer próximamente, les recomendamos valorar detenidamente con expertos en derecho tributario sobre cómo actuar respecto a la liquidación de este impuesto ya que, la aplicación con carácter retroactivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las transmisiones de oficinas de farmacia queda aún en el aire, si bien, es cierto que en nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía, la Consejería de Hacienda ya ha comenzado a reclamar la liquidación de dicho impuesto con carácter retroactivo, por lo que, es importante evaluar detalladamente con profesionales en este ámbito del ordenamiento jurídico, cómo actuar respecto a la liquidación de este impuesto, ya que, los actos de liquidación del impuesto que correspondan a transmisiones anteriores a la fecha de las sentencias del Tribunal Supremo pueden ser recurribles en virtud de un amplio abanico de Sentencias de la Audiencia Nacional y resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central que impiden la retroactividad de los impuestos cuando son perjudiciales para los contribuyentes.

Desde Hidalgo Asociados les podemos asesorar sobre estas cuestiones relacionadas con las transmisiones de oficinas de farmacia ya que contamos con un amplio equipo de profesionales en Derecho Farmacéutico que pueden ayudar a plantear éstos y otros casos relacionados.

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