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LexfarmaLa declaración del estado de alarma: Implicaciones generales y para el sector farmacéutico. Régimen sancionador

20 marzo 20200
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La crisis sanitaria provocada por la incidencia del coronavirus COVID-19 en España ha llevado al Gobierno a la declaración del Estado de Alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

El Estado de Alarma se recoge en nuestro texto Constitucional en el artículo 116.2 que dicta lo siguiente:

“El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.”

Para saber qué incidencias tiene la declaración por el Gobierno del Estado de Alarma también hemos de atender a lo preceptuado por otro texto legal: la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

Así, en el artículo 6 de la citada Ley se establece:

“La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.

En el decreto se determinará el ámbito territorial, la duración y los efectos del estado de alarma, que no podrá exceder de quince días. Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.”

Por tanto, hemos de acudir al Decreto que a los efectos dicte el Gobierno para conocer las efectivas consecuencias que conlleva tal declaración, en este caso al Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Y ¿qué implicaciones fundamentales podemos resaltar del citado Decreto? Entre otras medidas, las más relevantes son:

En primer lugar hemos de hacer referencia al ámbito temporal y territorial que engloba el mismo, extendiéndose a todo el territorio nacional por un periodo de 15 días que ya han sido prorrogados, alcanzando su duración, actualmente, desde el 14 de marzo hasta el 11 de abril de 2020.

Se produce también la centralización de competencias relativas a la gestión del COVID-19 en el Gobierno de la Nación, a través de cuatro Ministerios (Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministerio de Sanidad), siendo el Ministro de Sanidad competente en aquellas materias no específicamente atribuidas al resto de los ministerios.

En tercer lugar, la medida que a todos más nos afecta consiste en la limitación de la libre circulación de las personas que únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

Y, en todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

Por otra parte, se faculta a las autoridades competentes para realizar requisas de materiales necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este real decreto y se suspende la actividad educativa presencial.

Otra medida importante supone el cierre al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.”

Igualmente, se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto. De la misma forma, se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio y las verbenas, desfiles y fiestas populares.

En relación a esta concreta medida y en lo que atañe al sector farmacéutico, las Oficinas de Farmacia deben permanecer abiertas. Sin embargo, se imponen ciertas restricciones:

“La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.”

Como podemos observar, no se establece ninguna restricción horaria respecto al horario habitual. Por tanto, los farmacéuticos deben tener en cuenta que la normativa de funcionamiento de la actividad de las farmacias que contempla entre otras el horario de atención al público o asistencia presencial en las farmacias, no ha cambiado de momento, ni siquiera transitoriamente, por lo que permanece vigente y aplicable mientras no se dicten, por las autoridades competentes, instrucciones que modifiquen este régimen ordinario de funcionamiento.

Así, las farmacias deben continuar abiertas garantizando en todo caso el horario mínimo. Sin embargo debe controlarse, como hemos espuesto, que la presencia de consumidores en el establecimiento sea por el tiempo estrictamente necesario y en todo caso respetando la distancia mínima de un metro.

Continuando con el resto de medidas, la asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, debiendo de respetarse la distancia de un metro entre personas.

También se adoptan medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional y para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, facultando al Ministro de Sanidad para la adopción de determinadas decisiones en al respecto.

En lo relativo a transportes públicos, los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público (OSP) y los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP reducirán su oferta total de operaciones. Los servicios ferroviarios de cercanías mantendrán su oferta de servicios. También mantendrán su oferta de transporte los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de titularidad pública.

Igualmente se adoptan medidas para garantizar el abastecimiento alimentario, el tránsito aduanero, el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural así como la prestación de servicios por operadores críticos de servicios esenciales.

Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir.

Finalmente se establece, en las Disposiciones Adicionales del Decreto, una excepción a la libertad de circulación a favor del personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas así como la suspensión de los plazos administrativos, procesales, de prescripción y caducidad con determinadas particularidades y el otorgamiento del carácter de agentes de la autoridad a los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de las funciones previstas en el Real Decreto.

¿Qué pasa si no cumplimos las medidas expuestas?

El artículo 20 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece el régimen sancionador: “El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Y el citado artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981 establece: “El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la Autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes”.

Por tanto tendremos que acudir a las leyes reguladoras de las distintas materias para conocer la sanción que nos pueden imponer.

Así, la Ley de protección de la Seguridad Ciudadana detalla sanciones leves, castigadas con multa de entre 100 y 600 euros, a quienes realicen la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave.

Constituye una falta grave la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, sancionada con multa de 601 a 30.000 euros.

Por su parte la Ley General de Salud Pública recoge como infracción graves con multa de 3.001 hasta 60.000 euros, “La realización de conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción muy grave.”

Las sanciones incluso podrían ser de 60.001 hasta 600.000 euros, siendo muy graves,

“La realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo o un daño muy grave para la salud de la población.

El incumplimiento, de forma reiterada, de las instrucciones recibidas de la autoridad competente, o el incumplimiento de un requerimiento de esta, si este comporta daños graves para la salud.

Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o hayan servido para facilitar o encubrir su comisión.

La reincidencia en la comisión de faltas graves en los últimos cinco años.”

La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil: señala que serán infracciones graves con sanciones de multa de 1.501 a 30.000 euros, “En las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.”

Y muy graves las cuales se sancionarán con multa de 30.001 a 600.000 euros “El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, cuando suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes”.

Y también tenemos que acudir a nuestro Código Penal que establece en su artículo 556 lo siguiente:

“1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses”

Todos debemos cumplir lo preceptuado en el Decreto por el que se declara el Estado de Alarma, siendo que en la actualidad ya se están imponiendo las sanciones expuestas a quien incumple lo decretado.

De la misma forma, en la situación actual debemos estar muy pendientes de la legislación y modificaciones que anuncie el Gobierno ya que por momentos se adoptan nuevas y diferentes medidas que igualmente hemos de cumplir.

De hecho el Gobierno ya modificó, mediante el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis del coronavirus, al amparo de la disposición final segunda del propio Real Decreto 463/2020 que ya preveía esta posibilidad.

Las modificaciones están orientadas a reforzar la protección de la salud pública y asegurar el funcionamiento de servicios públicos esenciales, siendo las siguientes:

Se añade a la limitación de la libertad de circulación por las vías de uso público otros espacios de uso público, como por ejemplo las playas.

Se establece que la circulación de las personas permitida debe realizarse de manera individual, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, a menores, a personas mayores, o exista otra causa debidamente justificada.

Se añade a los establecimientos comerciales exceptuados de la suspensión de apertura los establecimientos sanitarios y los centros o clínicas veterinarias y se limita la actividad de peluquería solamente a los servicios a domicilio.

Se podrá suspender cualquier actividad que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en que se esté desarrollando.

Se habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las actividades previstas en el Real Decreto, de manera que pueda responderse con rapidez y eficacia a situaciones no previstas en el mismo.

Se amplía a la entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia las facultades atribuidas al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, que en la redacción inicial del Real Decreto 463/2020 se limitaban a las necesarias para garantizar el abastecimiento.

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos no serán de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.

La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos tampoco serán de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Igualmente se han dictado numerosas medidas laborales destinadas a limitar al máximo la movilidad para contener el COVUD-19, como el fomento del teletrabajo, siendo la última medida adoptada, en fecha 29 de marzo, el establecimiento de un permiso retribuido recuperable de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan actividades no esenciales.

Pero esta última medida no afecta al sector farmacéutico al estar expresamente excluido por tratarse de una actividad esencial, como consta en el anexo del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se adopta la citada medida.

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